Paraísos fiscales

Pasó desapercibido, pero el 7 de octubre, por medio del Decreto 2193, el Gobierno Nacional consideró que como parte de la competencia nociva entre jurisdicciones impositivas, los paraísos fiscales ofrecen ventajas tributarias atractivas para el capital, la actividad financiera de personas no residentes en ellos y otras actividades susceptibles de movilidad geográfica, al amparo de una  legislación laxa en materia de controles y poco o nada transparente en relación con la  información que se suministra a terceros Estados, con tipos impositivos sobre la renta  inexistentes o nominalmente bajos con respecto a los que se aplican en Colombia a operaciones  similares; la existencia de normas legales o prácticas administrativas que limitan el intercambio  de información; la falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento  administrativo; y la no exigencia de una presencia local sustantiva o del ejercicio de una actividad  real y con sustancia económica; todo lo cual puede ocasionar distorsiones tanto en las decisiones de inversión como en las comerciales y, por su efecto, erosionar la base gravable del Estado colombiano.

De conformidad con los criterios señalados en el artículo 260-7 del Estatuto  Tributario, se estableció el listado de los 44 países, jurisdicciones, dominios, estados  asociados o territorios que se consideran paraísos fiscales, excluyendo a otros siete con los cuales está en negociaciones. El Gobierno Nacional debe adelantar anualmente la revisión del listado de paraísos fiscales. Ante esta decisión, el Embajador de la República de Chipre, Evagoras Vryonides, por medio de la Nota ECO/COL/02-260, al no considerar justo haber incluido a dicho país de la Unión Europea, en esa <<lista negra>>, solicitó el inicio del proceso, para que el nombre de la República de Chipre no esté en la lista de los países señalados como lugar con los que hay que tener cautela al hacer intercambios financieros con Colombia. La Cancillería colombiana no ha contestado.

Como es de conocimiento público, el sistema bancario de Chipre se encuentra en una crisis aguda desde marzo pasado, cuando la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (la Troika) impusieron medidas muy severas que han afectado gravemente la economía chipriota. A su vez, Mokas, la Unidad para el Combate del Lavado de Dinero, ha implementado la Ley sobre la Prevención y la Supresión de Actividades de Lavado de Dinero de 2007 (aumentando en 2012). Esta Ley está alineada con la Convención de la ONU de 1988 y las Convenciones del Consejo de Europa sobre el Lavado de Dinero de 2005, por tanto, es obvio que con dichas restricciones, Chipre no puede de ninguna manera ser calificado como paraíso fiscal.